Alemania, cuna de la homeopatía, acaba de dar un paso en la dirección correcta. Aunque desde hace años la homeopatía no formaba parte del catálogo ordinario de prestaciones obligatorias, algunos fondos del seguro estatutario alemán podían reembolsarla mediante beneficios voluntarios adicionales. Esa excepción le otorgaba una apariencia de legitimidad que jamás ha merecido; sin embargo, hace unos meses, como parte de la reforma al sistema de seguro médico obligatorio, el legislativo alemán eliminó esa cobertura y la de las prácticas antroposóficas.
Algunas disposiciones entraron en vigor en agosto de 2026, y el resto entrará a regir a partir de 2027. Alemania ya empezó a ponerle fin al respaldo institucional de la homeopatía.
Fue en Alemania donde Samuel Hahnemann postuló los principios de la homeopatía, que desafían la farmacología básica. Los más conocidos son el de que “lo similar cura lo similar” y que una sustancia se vuelve más potente cuanto más se la diluye. Es decir, una inversión completa de la relación dosis-respuesta: según esta lógica, cuanto menos ingrediente activo quede en un producto, mayor sería su efecto terapéutico.
Por eso, la noticia no es menor — que el país de origen de este timo pseudocientífico haya decidido que los contribuyentes no tienen por qué subvencionarlo es una gran noticia. Francia ya había hecho lo propio, y medidas similares se han estudiado o solicitado en Reino Unido, Hungría, Austria y Suecia.
Hasta hoy, la homeopatía no ha demostrado eficacia para tratar ninguna enfermedad o dolencia. La mejor evidencia disponible apunta a una conclusión inequívoca: la homeopatía no funciona. El ejemplo más reciente viene de España, donde la agencia reguladora de medicamentos, junto con el Ministerio de Sanidad, publicaron una revisión sistemática que volvió a encontrar lo que tantas investigaciones anteriores ya habían mostrado: no hay pruebas fiables de que la homeopatía produzca beneficios clínicos.
En un momento en que los Estados de bienestar enfrentan presiones crecientes —poblaciones envejecidas, tratamientos más costosos, sistemas de salud sobrecargados y presupuestos limitados— dejar de destinar dinero público a intervenciones sin eficacia demostrada es, sencillamente, una cuestión de respeto a los contribuyentes. Cada euro gastado en homeopatía es un euro que no se invierte en prevención, atención primaria, medicamentos eficaces, personal sanitario o tratamientos que sí mejoran y salvan vidas.
Por eso, el fin del reembolso público merece celebrarse. No es el fin de la homeopatía en el país, pero es un paso en la dirección correcta.
Los pacientes alemanes todavía pueden comprar productos homeopáticos con su propio dinero. Y ahí surge una pregunta incómoda: ¿Por qué se permite comercializar como tratamiento médico una práctica que no ha demostrado tratar enfermedad alguna? ¿Para qué existen normas contra la estafa si basta con envolver una promesa falsa en lenguaje médico, frascos elegantes y testimonios emotivos para volverla aceptable? No creo que toda compra voluntaria de un producto homeopático amerite una respuesta penal, pero nadie se ha molestado en ofrecer una justificación aceptable para que sea legal atribuir beneficios terapéuticos a productos que no los han demostrado. La libertad de compraventa no incluye un derecho a engañar a personas enfermas.
La respuesta habitual de los defensores de la homeopatía es que, si no funciona, al menos no hace daño. “¿Qué daño puede hacer?”, preguntan. Pero esa pregunta revela una comprensión muy pobre de los costos de oportunidad involucrados en la salud y de lo que significa tener acceso a un sistema sanitario fiable.
La homeopatía puede causar daño tanto por acción como por omisión. Puede causarlo por acción cuando sus productos contienen sustancias contaminadas, dosis inadecuadas o ingredientes que producen efectos tóxicos. Hay casos registrados de muerte por homeopatía. Sin embargo, su daño más frecuente y previsible ocurre por omisión: cuando una persona sustituye un tratamiento eficaz por remedios inútiles, retrasa un diagnóstico o deja avanzar una enfermedad que podía haberse tratado a tiempo. No hace falta que el producto sea tóxico para que la práctica resulte peligrosa; basta con que lleve a alguien a aplazar o abandonar la atención que necesita.
También existe un daño institucional. Cuando un sistema público reembolsa homeopatía puede transmitir a los pacientes que se trata de una intervención suficientemente avalada como para merecer financiación sanitaria. Esa legitimidad beneficia a quienes la venden y perjudica a los pacientes, que tienen buenas razones para confiar en las decisiones de sus instituciones de salud. Si algo está reembolsado por el Estado, es razonable que muchas personas supongan que funciona. Y, precisamente por esta razón, la homeopatía nunca debió estarlo.
Retirar la cobertura pública no elimina a los charlatanes ni acaba, por sí solo, con la credulidad, aunque sí les quita una de sus coartadas favoritas: la insinuación de que la homeopatía debe ser legítima porque el sistema de salud la paga. Ya no podrán invocar ese argumento con la misma facilidad. Si la homeopatía fuera un tratamiento genuino, tendría que demostrar resultados genuinos. Y no los tiene.
Personalmente, creo que sería deseable ir más lejos. Prometer curas inexistentes a personas enfermas no debería normalizarse simplemente porque algunas víctimas aprecien el producto o tengan un apego emocional a él. La popularidad de una estafa no la hace menos fraudulenta, y la buena fe de quien cae en ella no vuelve inocentes a los charlatanes que se aprovechan de los enfermos.
Quizá exigir una respuesta penal inmediata sea pedir demasiado, demasiado pronto. Por ahora, conviene celebrar lo que sí ha ocurrido: el Estado deja de usar recursos públicos para subvencionar dos pseudoterapias sin eficacia demostrada y deja de conferirles un aura inmerecida de respetabilidad.
Muy bien por Alemania; es un paso modesto, pero importante.
(vía Edzard Ernst)