Séptimo Día es un programa más o menos periodístico que retrata problemas sociales de Colombia con cierta fidelidad — después de su especial sobre sacerdotes gays y pederastas y de resistir las oleadas de católicos fundamentalistas indignados, el programa se ganó mayor respeto de mi parte del que tengo de media por la televisión colombiana.

Ahora, Séptimo Día hizo un programa donde denuncia abusos sexuales en las comunidades indígenas (hay que hacer click en la imagen porque el reproductor de Canal Caracol ya no permite incrustar los programas en esta plataforma):

Aunque me tomaría algunas cosas con cautela (por ejemplo, cualquier producto de la lengua viperina de Paloma Valencia o Ilva Myriam Hoyos) y matizaría otras varias, lo cierto es que el programa da en el clavo: la jurisdicción indígena tiene que acabarse, pues es un rezago de racismo que mantiene aislados a los indígenas y se presta para los abusos denunciados (realmente deberíamos acabar con todas las jurisdicciones especiales y que sólo haya una justicia para todos, pero ese es otro tema).

El argumento más contundente del programa es que hay un creciente número de indígenas que quieren acabar con la jurisdicción indígena — eso es jaque mate para las políticas de identidad y aunque no faltan los que dicen que esos indígenas no son verdaderos indígenas —disculpen la falacia del verdadero escocés—, una niña indígena violada por alguien de su comunidad es tan indígena como su victimario. Y es comprensible por qué ella y sus padres preferirían una sociedad que separa al criminal de los inocentes a una que le da 30 azotes y luego lo reintegra como si nada.

El programa, presenta tres casos. El primero, el de un presunto violador que fue puesto en libertad por la autoridad indígena. El segundo caso es el de Marisol Huetoto, una niña de 12 años que fue brutalmente violada y asesinada. El tercer caso es el de Ayda Lucía, víctima de violación que fue castigada por no hablar a tiempo.

Otro aspecto del episodio que vale la pena resaltar es el clima de intimidación e impunidad que se vive en estos casos. En el caso de Marisol, los propios indígenas advirtieron que todos saben quiénes son los violadores, pero si abren la boca es agendar una cita con el cadalso. En el caso de Ayda Lucía, se puso de manifiesto que cuando alguien se queja de la sentencia por consistir en sólo cinco azotes, por ejemplo, le quitan sus pertenencias y es entregado a la guerrilla.

La peor parte de todas fue la constatación de que para estas comunidades indígenas, la violación no es un delito sino una enfermedad, ¡¡causada por espíritus!! Hágame el favor.

Pero tal vez, la parte más triste es la respuesta del Estado: el ministro de Justicia Yesid Reyes ni siquiera dio la cara y envió un escueto documento que no aporta nada. El encargado de asuntos indígenas del ministerio del Interior insistió en que hay que respetar su cultura (la de los violadores, claro, porque no le importó un comino la cultura de las víctimas). Sin embargo, la respuesta más miserable fue la que ofreció la Fiscalía General de la Nación, que quiere "acercarse a la cosmovisión indígena" — ¿cuántas niñas más tendrán que ser violadas antes de que alguien deje de ser tan rematadamente estúpido y diga lo increíblemente inhumana que es una cosmovisión que permite la violación de niños como algo no muy distinto a una fiebre?

Tenemos que entender que la autodeterminación no se va a dar por generación espontánea, que esta nace de unas circunstancias específicas, como lo son la separación de poderes y el debido proceso. Dejar que sociedades ajenas a la cultura de la Ilustración tengan leyes propias que "respeten su cultura", realmente es darle poder a un dictador o una junta, que hará lo mismo que todos cuando tiene una autoridad incuestionable y poder omnímodo. De hecho, las autoridades indígenas demandarán al programa — acostumbrados a que nadie los cuestione, seguro que el programa les cayó como una patada en el hígado... aunque ojalá se preocuparan más por las niñas violadas que por su imagen. En fin, ellos verán cuáles son sus prioridades, esa es su cultura.

El pricipal requisito para la autodeterminación es el respeto por los derechos humanos y, en eso, aunque no está exenta de errores, la justicia ordinaria supera con creces a la indígena. Creo que le debemos a las víctimas indígenas ofrecerles lo mejor que el Estado puede hacer en esta materia. Mantener la jurisdicción indígena es perpetuar la injusticia y el racismo.

Estas niñas fueron violadas. ¿Cómo puede alguien siquiera sugerir que no debemos juzgar duramente la pederastia porque hace parte de su cultura? ¿Qué tan racista hay que ser para pretender que las mujeres violadas deben vivir en armonía con sus violadores y no pueden acceder a un gramo de justicia, simplemente por haber nacido en la comunidad 'equivocada'?

(vía Martín)

Abuso sexual, impunidad y 'justicia' indígena