Desde que Alejandro Ordóñez está a cargo de la Procuraduría General de la Nación, la entidad se ha vuelto una sucursal de la Santa Inquisición y en vez de velar por los Derechos Humanos de los ciudadanos —su función constitucional—, se ha vuelto un órgano de facto para imponer la miserable visión católica a todos los colombianos